A esto hemos llegado…
Esta mañana he tenido que hacer algo que nunca pensé que llegaría a normalizarse en nuestra profesión: escribir a dos revistas científicas para solicitar la retirada de dos manuscritos que llevaba meses preparando. No por problemas con los datos. No por discrepancias científicas. No porque el trabajo no mereciera ser evaluado.
Simplemente, porque no puedo pagar para publicarlos.
En mi institución —como en tantas otras— los fondos destinados a cubrir los APC (los famosos Article Processing Charges) se han agotado. Y, sin ese pago, los artículos no pueden ver la luz en determinadas revistas. Así de sencillo y así de absurdo. Un sistema que se creó para facilitar el acceso abierto termina obligando a los propios investigadores a financiar la difusión de su trabajo… o a renunciar a difundirlo.
He tachado en las imágenes los nombres de las revistas, de los editores y los códigos de manuscrito. La identidad importa poco: podría haber sido cualquiera. El problema no es puntual ni local. Es estructural.
Lo que resulta especialmente frustrante es que estos trabajos nacieron con un objetivo claro: compartir conocimiento con la sociedad. Esa misma sociedad que, a través de fondos públicos, financia la mayor parte de nuestra investigación. Y, sin embargo, el sistema que debería facilitar esa transferencia nos obliga a escoger entre dos opciones igual de absurdas: pagar por trabajar o callar lo que descubrimos.
Es una contradicción que se ha ido instalando en silencio, normalizada por la inercia y por esa extraña (y a veces fascinante) capacidad del sistema académico para aceptar lo inaceptable. Dedicamos años a investigar, escribir, revisar y editar artículos —muchas veces revisando también gratis los artículos de otros— para luego descubrir que la difusión de ese esfuerzo depende, literalmente, de si queda saldo en una cuenta institucional que nadie controla desde los laboratorios ni desde las aulas.
Hoy he tenido que pedir disculpas a dos editores por retirar trabajos creo que perfectamente válidos, solo porque no puedo asumir un coste que, en cualquier otra profesión, sería sencillamente impensable. Y lo más triste de todo es que ya no sorprende.
Es, como reconocen muchos colegas, simplemente, “lo que hay”.
No sé si algún día desmontaremos esta maquinaria que privatiza el acceso al conocimiento mientras se alimenta del trabajo público. Pero sé que, mientras sigamos aceptando esta lógica, seguiremos escribiendo correos como los de hoy: mensajes educados llenos de decepción, donde lo que falla no es la ciencia, sino el sistema que debería servirla.
