Hay publicaciones que es mejor dejar pasar. Y hay otras que, precisamente porque proceden de quienes tienen la responsabilidad de enseñar, obligan a responder.
Acabo de leer en una red social una publicación que responsabiliza a los espacios naturales protegidos y a los defensores de la conservación de buena parte de los grandes incendios que estamos sufriendo. No suelo entrar en este tipo de debates, pero creo que cuando este discurso procede de alguien que además tiene la responsabilidad de formar a futuros profesionales, el silencio deja de ser una buena opción…
Hay pocas cosas que me preocupen más que ver a profesores universitarios difundiendo mensajes de este tipo. Precisamente porque nuestra función no es reforzar prejuicios, sino enseñar a interpretar correctamente la evidencia científica.
Presentar los espacios protegidos como una «sentencia de muerte», atribuir los grandes incendios a una supuesta filosofía de la «no intervención» o señalar a los conservacionistas como responsables de las tragedias actuales no solo simplifica un problema extraordinariamente complejo, sino que transmite a la sociedad una imagen profundamente distorsionada de cómo funcionan los ecosistemas.
Y, sinceramente, resulta llamativo recurrir una vez más al argumento de los «40 años estudiando el tema», los «23 libros» o los «180 artículos» como si la duración de una trayectoria o el número de publicaciones constituyeran una prueba científica. No lo son. En ciencia no existe el principio de autoridad. Lo único que importa es la solidez de la evidencia y la validez de su interpretación. Porque también es posible dedicar décadas a estudiar un problema y seguir extrayendo conclusiones equivocadas o interpretar los datos desde un marco conceptual sesgado.
Los grandes incendios no son consecuencia de que existan demasiados espacios protegidos ni de que sobre matorral. Son, sobre todo, la consecuencia de decisiones humanas acumuladas durante décadas: un modelo territorial que ha simplificado los ecosistemas, ha favorecido determinadas especies y estructuras forestales, ha alterado los regímenes naturales de perturbación y ha mantenido prácticas de gestión cuyo objetivo prioritario ha sido, demasiadas veces, la rentabilidad inmediata y no el funcionamiento ecológico de los sistemas.
Y conviene decir otra cosa con claridad: el cambio climático antropogénico no prende los incendios. Lo que hace es aumentar la probabilidad de que, cuando el fuego aparece —casi siempre por causas humanas—, alcance una intensidad y una velocidad mucho mayores. Confundir el detonante con las causas estructurales del problema solo sirve para evitar hablar de nuestras propias responsabilidades.
Necesitamos abandonar de una vez los relatos simplistas que enfrentan «gestión» y «conservación». Hay intervenciones que mejoran la resiliencia de los ecosistemas y otras que la deterioran. Hay usos tradicionales valiosos y otros que han contribuido, y siguen contribuyendo, a crear paisajes más vulnerables al fuego. Y también hay una visión profundamente mercantilista de la naturaleza que lleva demasiado tiempo confundiendo producción con buena gestión.
La universidad debería ser el lugar donde aprendemos a cuestionar dogmas, no donde los convertimos en eslóganes. Y, desde luego, el debate sobre los incendios merece mucho más rigor científico y mucha menos ideología disfrazada de evidencia.
