Lo que está en juego es el derecho de la sociedad a que las decisiones que afectan a su salud, su territorio, su agua, sus bosques, su alimentación y su futuro se fundamenten en conocimiento contrastable, discutible y revisable
Hay noticias que llegan desde lejos y que, sin embargo, deberían preocuparnos mucho más de lo que parece razonable a primera vista…
El 29 de mayo, la Office of Management and Budget de Estados Unidos publicó una propuesta de reforma de las normas que regulan la financiación federal de proyectos, convenios y ayudas públicas. Aparentemente, podría parecer otro documento administrativo, uno de esos textos densos que solo interesan a juristas, gestores universitarios y personas con una resistencia física admirable a la burocracia, de la que otros carecemos.
Pero no lo es.
Detrás de la promesa de “mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión” de los fondos públicos se plantea una transformación profunda de la manera en que se decide qué investigación merece ser financiada, cuánto tiempo puede mantenerse viva y hasta dónde puede llegar. Y, por supuesto, de quién tendrá la última palabra.
La propuesta permitiría que las recomendaciones de la revisión por pares fueran consideradas meramente consultivas y que los cargos políticos de alto nivel interviniesen directamente en la aprobación de ayudas. También ampliaría la capacidad de cancelar proyectos ya concedidos cuando se considere que han dejado de estar alineados con las prioridades de la administración de turno. No con la calidad del proyecto, no con los resultados obtenidos, no con los compromisos adquiridos con estudiantes, técnicos, comunidades locales o instituciones colaboradoras. Unicamente con las prioridades del poder político del momento.
Quizá alguien piense que esto es normal. Al fin y al cabo, los gobiernos deciden prioridades presupuestarias. Y es cierto: deben hacerlo. Pero una cosa es que una administración defina grandes objetivos de financiación pública y otra muy distinta que pueda decidir, caso por caso, qué investigación merece continuar después de que haya sido evaluada por especialistas independientes. Los que estamos en esto, sabemos que la revisión por pares está lejos de ser perfecta. Es lenta, tiene sesgos, puede ser conservadora, a veces premia lo conocido y otras veces comete errores graves. Pero sigue siendo mucho mejor que sustituir el criterio científico por la conveniencia ideológica, electoral o comunicativa de quienes ocupan temporalmente un despacho. Y esto es así, entre otras cosas, porque la ciencia ecológica, en particular, no funciona a golpe de legislatura. No se puede estudiar el cambio climático con proyectos que pueden desaparecer cuando cambie el color político de una administración. No se pueden mantener series de datos de décadas sobre biodiversidad, incendios, contaminación, migraciones, invasiones biológicas o dinámica de ecosistemas si cada convocatoria lleva incorporada una cláusula de incertidumbre política. No se puede pedir a una investigadora que construya una red de seguimiento a largo plazo y, al mismo tiempo, advertirle de que su trabajo podría interrumpirse porque alguien ha decidido que los resultados ya no encajan en el relato preferido por el gobierno (los colegas de Andalucía saben de lo que hablo, desgraciadamente).
Y no, la naturaleza no modifica sus procesos para adaptarse a los calendarios electorales.
Tampoco los problemas ambientales entienden de fronteras nacionales. La biodiversidad, la circulación de contaminantes, las especies invasoras, las enfermedades emergentes, los incendios o el cambio climático requieren colaboración internacional. Limitar o dificultar esas colaboraciones no protege el interés público: solo reduce nuestra capacidad de comprender problemas que, precisamente por su escala, ningún país puede resolver por sí solo. Solo hay que pensar un poco para entenderlo…
La propuesta también introduce restricciones y controles adicionales sobre gastos de publicación y asistencia a congresos. Aquí, resulta difícil no advertir la contradicción: se reclama una ciencia útil para la sociedad mientras se dificultan los mecanismos mediante los cuales esa ciencia se discute, se contrasta, se corrige y se hace pública. Y es que… una investigación que no puede reunirse, debatirse, publicarse ni colaborar libremente no se vuelve más eficiente. Se vuelve más frágil, más lenta y … más dependiente.
Este asunto no debería interesar únicamente a los científicos estadounidenses. Estados Unidos sostiene una parte decisiva de las infraestructuras, redes de investigación, bases de datos, programas de seguimiento y colaboraciones internacionales que alimentan buena parte del conocimiento ecológico global. Cuando se deteriora la independencia de su sistema científico, las consecuencias no se quedan al otro lado del Atlántico.
Pero, seguro que estamos de acuerdo en que tampoco deberíamos defender la autonomía científica como si fuera un privilegio corporativo de quienes trabajamos en universidades y centros de investigación. Lo que está en juego no es el derecho de los científicos a investigar sin molestias. Lo que está en juego es el derecho de la sociedad a que las decisiones que afectan a su salud, su territorio, su agua, sus bosques, su alimentación y su futuro se fundamenten en conocimiento contrastable, discutible y revisable; no en aquello que resulte políticamente más cómodo en cada momento.
La ciencia puede incomodar. De hecho, suele hacerlo cuando describe con precisión problemas que preferiríamos no mirar. Pero convertirla en una herramienta subordinada a la conveniencia del poder no hará desaparecer esos problemas. Solo conseguirá que lleguemos tarde a comprenderlos.
La propuesta está abierta a comentarios públicos hasta el 13 de julio de 2026. Quienes trabajen, colaboren o tengan vínculos con el sistema científico estadounidense pueden participar en ese proceso. También pueden hacerlo las sociedades científicas, las universidades, las organizaciones ambientales y cualquier persona que considere que la investigación pública debe responder a la evidencia antes que a la obediencia.
Querid@s conciudadan@s, no es una batalla menor ni exclusivamente norteamericana. Es una discusión sobre qué clase de sociedad queremos ser cuando el conocimiento científico contradice lo que algunos preferirían creer.
Y esa discusión nos concierne a todos…
